El reconocimiento jurídico por parte de la Santa Sede, extensible también a los otros santuarios, ocurrido algunos años más tarde, exactamente el 21 de noviembre de 1342, con la Bula Gratias Agimus y Nuper Carissimae, se considera como la conclusión definitiva de la participación de los Reyes de Nápoles en la larga defensa por la causa de los Santos Lugares. Además del reconocimiento oficial, la Bula contenía prescripciones con vistas a garantizar la continuidad de la institución. Con una particular intuición, se aseguraba la internacionalidad del nuevo ente eclesiástico religioso, prescribiendo que los frailes podían proceder de todas las provincias de la Orden. Para la salvaguardia de la disciplina se prescribía que todos los frailes, cualquiera fuera la provincia a la que pertenecieran, una vez entrados en servicio de la Tierra Santa, se someterían a la obediencia del Padre Guardián del Monte Sión en Jerusalén, representante del Ministro provincial residente en Chipre.
